Duelo de uniformados: Las armas de la fuerza publica

Las FFAA y la Policía han manchado sus uniformes con su propia sangre. El 12 de febrero de 2003 pasará a la historia como la Masacre de la Plaza Murillo porque allí, en el corazón del poder político boliviano, las dos fuerzas constitucionales del orden se han enfrentado cual si fueran dos enemigos internos.

Se desconocieron como partes la misma fuerza pública y se desafiaron en un duelo que puso en vilo a la ciudadanía en medio del fuego cruzado. Entre ellos no hubo límites, ni disciplina ni doctrina. Se aplica ron a sí mismos sus entrenamientos, sus manuales y aprendizajes. Usaron unos contra otros sus armas de guerra, balines y gases lacrimógenos. Son las mismas armas que no dudan en usar cuando se trata de aplicar el “uso legítimo de la fuerza” en los conflictos sociales.

La “reserva política”

Hace apenas dos semanas, policías y militares se encontraban en el mismo frente combatiendo a distintos sectores en Cochabamba, Sucre, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Los uniformados compartían la misma causa y obedecían al mando del gobierno. Un mando bicéfalo que por cierto empezó a crear confusión: el Ministro de Gobierno, Alberto Gasser, comandaba a los policías y el ministro de Defensa, Freddy Teodovich comandaba a los militares.

Desde un helicóptero de la DEA, ambos ministros instruían a las tropas cómo desplegar sus operativos. Esa demostración de poder político caló hondo en el sentido de subordinación de los uniformados porque ya no impartían instrucciones “sus” altos mandos militares y policiales, en su lugar lo hacían dos ministros.

Pues bien, apenas terminaba esa operación de los desbloqueos que agotó físicamente a ambas instituciones, el gobierno optó por la medida económica del impuestazo que desató el rechazo generalizado de la población, incluyendo a los policías de bajo rango. Con la memoria del primer amotinamiento policial de abril del 2000, insatisfechos con el papel de sus superiores durante el primer conflicto de este año y el “mal trato” recibido de parte del gobierno escasos recursos de abastecimiento y logística— los sargentos policiales no duda ron en amotinarse de nuevo exigiendo un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Cuestionaron al gobierno —e indirectamente a “sus” mandos—y canalizaron el malestar de la gente común.

Como en aquel abril, el Grupo Especial de Seguridad (GES) fue nuevamente el fortín de los policías rebeldes. Después de varios intentos de negociación y el desconocimiento de la autoridad de Gasser y del propio Comandante de la Policía, el general Edgar Pardo, el gobierno decidió usar a las FFAA para aplacar la protesta verde olivo.

Con los nervios al borde y a la primera chispa de movilización en la Plaza Murillo (a media cuadra del GES), ese 12 de febrero, las tropas de ambas fuerzas abrieron fuego. ¿Quién es el responsable del enfrentamiento?

Estos días de dura violencia en las calles, obliga a saldar cuentas. Alguien tiene que responder por la inseguridad que empieza a acosar y profundizarse en plena democracia. Cuando los organismos armados del Estado pierden el control ¿qué señal están dando a los ciudadanos? ¿Dónde está el gobierno en esos momentos?

Hace una semana, Juan Ramón Quintana, especialista en asuntos de seguridad nacional, analizaba el papel de la fuerza pública en los conflictos sociales y la constante violación de derechos humanos en Bolivia. La impunidad de los uniformados de las FFAA y la Policía se ha vuelto una práctica común en la relación de esas instituciones y el sistema político, a cambio de una lealtad al gobierno de turno “compensada” con bonos económicos.

Ese “pacto de reciprocidad” ha mantenido la estabilidad democrática, decía Quintana. Siete días después, el fenómeno presenta otra arista. FFAA y Policía se enfrentan a tiros, a pocos pasos del Palacio de Gobierno. ¿Qué tipo de crisis se está desnudando en las instituciones del orden? ¿Es un quiebre irreconciliable? ¿Qué efectos se prevé sobre el régimen democrático? Quintana retorna el análisis y responde a la emergencia de la coyuntura.

¿Qué significa el hecho de que el mayor Da vid Vargas, de la Policía, le diga al Jefe de la Casa Militar que vaya a cuidar su Estado Mayor, mientras él resguarda el orden público, en medio del amotinamiento policial?

En principio quiere decir que hemos llegado al punto límite de una acumulación histórica de por lo menos 50 años y una acumulación política intensa de 20 años de democracia, respecto al déficit de liderazgo político sobre las instituciones de la fuerza pública. Durante la democracia se ha insta lado un liderazgo prebendal en el país en correspondencia con los pactos de gobernabilidad, los que se han prolongado hacía las cúpulas militares y policiales para lograr una subordinación condicionada a cheques en blanco.

No se ha logrado —como en cualquier democracia— la subordinación constitucional, sino más bien la subordinación prebendal. Además, las dos instituciones han intercambiado funciones debido a sus liderazgos políticos que han utilizado indistintamente la fuerza policial y militar para distintas tareas. Hemos visto unas FFAA con fundidas en un conjunto de funciones no constitucionales y una Policía acosada por esas funciones trastocadas. Ese intercambio ha provocado un duelo entre las instituciones manejado de modo irresponsable y perverso por el poder político. Se ha desestatizado la subordinación de ambas instituciones.

Hace apenas siete días conversábamos sobre el uso ilegal de la fuerza pública y la constan te violación de derechos humanos en democracia. Hoy, sin embargo, la Policía se ha des marcado de esa función estrictamente represiva y ha dejado al gobierno de Sánchez de Lozada en la absoluta soledad.

Creo que la Policía nunca logró estar plenamente subordinada al Estado, lo que hubo fue una subordinación práctica de tipo político-partidista, que es diferente. El amotinamiento policial significó una ruptura de esa subordinación clientelar a raíz de una actitud despótica del gobierno. La Policía esperaba que el MNR asumiera una actitud distinta de la que tuvo Hugo Banzer y Jorge Quiroga de ADN. Ellos provocaron crisis corporativas, deterioraron al máximo la legitimidad de la Policía, tanto por el lado de la extorsión informal como por el trato despectivo que encarna ese partido, por su naturaleza militar. La Policía creyó que el MNR restituiría lo que había perdido con Banzer. La Asociación de Policías hizo sus demandas en los últimos seis meses, pero no fue atendida. Por otro lado, la Policía fue muy maltratada en las últimas tareas de desbloqueo sin ningún apoyo en viáticos ni en abastecimiento logístico a lo que se sumó la postergación del pago de sus salarios y el ofrecimiento de un bajísimo aumento de 2.2 por ciento. Sobre eso, el impuestazo tuvo un efecto negativo en sus expectativas. Esos factores han llevado a la ruptura del “pacto de reciprocidad» con el MNR, establecido desde 1952.

Sin embargo, el gobierno ha usado a las FFAA para aplacar la protesta policial induciendo a una confrontación armada sin precedentes en democracia.

• Este enfrentamiento rompe la tradición del conflicto en Bolivia, pero además expresa la no resolución de un conflicto en la memoria histórica de esas instituciones originada en 1952 cuando la Policía, el MNR y el pueblo derrotaron al Ejército. Después, en 1964, las FFAA desbarataron ese poder en un acto de venganza contra la Policía. En 1982 se produjo una especie de empate de esas dos fuerzas, pero a partir de 1985, se empieza a restituir esa memoria conflictiva por el mal manejo de la seguiridad interna de parte del sistema político. Por otro lado, está la grotesca intervención norteamericana en el manejo de los organismos de seguridad del país. La Embajada de EEUU en Bolivia a través de la lucha antidrogas ha incentivado un conflicto de re cursos, competencias y funciones entre las dos instituciones.

Juan Ramón Quintana

“LA CRISIS NO HA PASADO”

Los grandes responsables del enfrentamiento son los ministros. No cabe más que la renuncia, la destitución o la censura parlamentaria, en el peor caso. Pero no se trata de que se vayan a sus casas reconociendo sus errores, se debe sentar un precedente jurídico en el país: un juicio de responsabilidades a esos señores.

¿ La demanda salarial ha sido el único de tonante del conflicto?

• No. En el fondo se ha roto la práctica de sumisión de los policías de bajo rango que ha provocado una reacción contra el racismo y la exclusión de sus superiores. El 2000 se dio una señal preocupante y ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que pasa es que los oficiales y sargentos de bajo rango viven en condiciones infrahumanas en comparación a sus mandos de oficiales. En ese sentido, se están revelando contra la mi seria y el abuso de sus mandos. Son personas que comparten la pobreza con la mayo ría de la sociedad y por eso lo que hicieron fue un acto armado de dignidad y de reconciliación con la realidad.

Se trata entonces de una crisis institucional hacia adentro y hacia afuera de la Policía.

Exactamente. Es una crisis orgánica muy profunda, pero es también una interpelación al sistema político e indirectamente a sus mandos. Claro que en este proceso aparecen personajes mesiánicos como Vargas quien se apropia de la petición legítima de los sargentos e introduce otras demandas más corporativas. Sin embargo, la debilidad de ese liderazgo —un tanto oportunista— se nota en el desconocimiento de los policías al acuerdo firmado con el gobierno.

¿Cuál es el papel del Comandante Edgar Pardo dentro de la crisis después del desconocimiento de su liderazgo y la entrega simbólica de su chaqueta frente alas víctimas del tiroteo con las FFAA?

• Pardo ha perdido toda autoridad moral y jerárquica frente a sus camaradas. El ya no representa los intereses de la institución, está ahí como un mecanismo simplemente formal.

Entonces, ¿cuál es el mando actual de la Policía?

• En este momento existen varias policías. Una parte sale a patrullar, otra sigue conspirando con los partidos políticos de la oposición y otra se siente insatisfecha con el acuerdo firmado con el gobierno. En la Policía hay varios mandos y hay superposición de intereses. Es un achipiélago...

¿ Qué le espera a la Policía de ahora en adelante?

• Creo que la sociedad ha visto que no cuenta con una Policía de Estado. Ningún gobierno, ni éste ni el que venga va a poder re formar esa institución sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad sobre qué tipo de organismo policial necesita porque se trata de una institución armada muy desgastada y débil. Internamente, la Policía está frente a un dilema existencial sobre qué tipo de proyecto institucional va a construir después de este shok.

Esta especie de desmarque de la Policía y la expresión de su descomposición orgánica ha llevado al gobierno a apoyarse en las FFAA. La ocupación militar de las calles descontrolada y desmedida se ha intensificado algún toque se ha dispuesto el accionar de franco tiradores contra civiles, ¿Cuánto puede durar el uso de la fuerza militar cuando se producen estos conflictos?

 Muy poco. Lo que sucede es que la presencia masiva de los militares en las calles se agota rápidamente porque, como ahora, se observan señales de fatiga y cansancio. El cansancio es físico y psicológico porque no tienen capacidad para resistir los ataques violentos de la gente. Por otra parte, las FFAA también están atravesando una crisis institucional porque están cuestionando las formas de relación que los gobiernos han establecido con la institución. Son útiles en las crisis, pero cuando existe estabilidad no se acuerdan de sus demandas.

La presencia militar—aunque circunstancia!— ha servido para mantener una presencia de autoridad de! Estado, la única, ante la ausencia del poder político por varias horas. Pero ¿quién carga el costo político de los muertos y heridos?

Lo va a tener que asumir las FFAA hasta que el poder establecido restablezca un proceso de renogociación con la sociedad. Los resultados son sin duda dramáticos porque tienen que contar a sus muertos, sus heridos y tienen que evaluar su imagen frente a la opinión pública porque además se viene una interpelación muy fuerte de parte de los organismos de derechos humanos.

Pese ala contradicción de las palabras pareciera que estuviéramos sentando el precedente de una “democracia militarizada que puede instalarse sin ninguna advertencia.

En este conflicto, hemos visto durante horas que la única institución viva del Estado fue la militar. No hubo Ejecutivo, Legislativo ni Poder Judicial, pero paradójicamente tampoco llegamos a un estado de golpe militar.

¿ Qué impidió esa posibilidad de un golpe de Estado?

• Dos razones. Las FFAA no tienen capacidad para sostener y administrar un Estado en colapso aun si fuera por un lapso de transición. Tampoco tienen capacidad física, recursos ni logística. Acaban de licenciar a 70 por ciento de sus efectivos.

¿El cambio de mando en las FFAA y Policía puede aliviar coyunturalmente la crisis de estas fuerzas?

Es imprescindible cambiar los mandos porque se ha producido un tremendo des prestigio de las dos instituciones. Es una in sensatez que se mantengan después de lo que se ha visto. El problema es que la crisis de Estado no ha pasado y se corre el riesgo de crear más inestabilidad e inseguridad con el relevo permanente de autoridades.

Se rumorea que Alberto Gassery Freddy Teodovich habrían presentado su renuncia. ¿Usted considera que ha habido error político en el manejo de la Policía y las FFAA en este conflicto que ha derivado en una carnicería con 24 muertos y más de 80 heridos?

Sí. Los grandes responsables de este enfrentamiento son los dos ministros. No cabe más que la renuncia —como vía moral—, la destitución o la censura parlamentaria, en el peor caso. Pero no se trata de que se vayan a sus casas reconociendo sus errores, se debe sentar un precedente jurídico en el país que sólo puede seguir el camino de un juicio de responsabilidades a estos señores. Si no es así, vamos a seguir transitando por el camino de la impunidad en democracia.

FUENTE: Revista Pulso 14 a febrero 20, 2003

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