Colombia: grupos ilegales se fortalecen con jóvenes

Reclutar de manera forzada menores de edad se convirtió en una estrategia empleada por los grupos armados ilegales con miras a fortalecerse y recuperar dominio territorial en el Oriente de Antioquia, una de las regiones naturales más importantes de este departamento situado al centro-occidente de Colombia.

Así lo conceptuó Iván Darío Ramírez, director de la Corporación Paz y Democracia de la ciudad de Medellín, durante su participación en el primer foro regional: Prevención de la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño, realizado este jueves 17 de abril en el municipio de Rionegro.

Aunque no existen estadísticas oficiales que permitan dimensionar la magnitud del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales en el Oriente antioquieño, Ramírez advirtió que por lo menos ya comienza a evidenciarse el impacto que está generando la problemática en las comunidades y el drama humanitario que comienza a padecer la población infantil y juvenil de la subregión antioqueña.

“Hoy en día la amenaza de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales constituye un fuerte factor de desplazamiento forzado y eso ya es una evidencia de la magnitud del problema. Los estudios muestran que tanto la guerrilla en mayor grado, como los grupos paramilitares que no se desmovilizaron, quieren recuperar sus tropas con los menores de edad y, además, los están vinculando a otras actividades ilícitas como el narcotráfico”, señaló Ramírez.

Según el director de la Corporación Paz y Democracia, si bien en los últimos años han disminuido ostensiblemente las acciones de guerra en esta subregión del departamento, que hasta hace unos pocos años fue epicentro de una cruenta confrontación armada entre grupos de guerrilla, paramilitares y el Ejército de Colombia, aún persiste el conflicto armado pero ahora bajo nuevas dinámicas entre las que se incluye: la ocupación de territorios con presencia de cultivos de uso ilícito y la recuperación corredores naturales para la movilización de tropas, armas y droga.

Dicha lógica ha hecho que aumente el riesgo de reclutamiento forzado de niños y jóvenes, por cuanto los grupos armados ilegales ven en ellos “mano de obra” ideal para emplear en los cultivos ilícitos, en labores de inteligencia, en el minado de campos y en el transporte de armas. Al respecto, un informe realizado en el 2006 por el programa Sembradores de Paz de la Pastoral de Infancia de la Diócesis Sonsón-Rionegro, dio cuenta de 39 casos de reclutamiento  forzado de menores de edad, en edades que oscilan entre los 11 y los 17 años, a manos del Frente 47 de las Farc y ocurridos entre los años 1999 y 2004.

Además de los casos, lo que el informe pone de manifiesto es el silencio absoluto por parte de las autoridades regionales y el miedo de las comunidades a recurrir a la denuncia. “Lo que esto nos deja ver es que si en este municipio, que cuenta con una población cercana a los 6.800 habitantes, pudimos conocer 39 casos, ¿cuántos más serán los silenciados? ¿cuántos más se habrán presentado en los demás municipios? La gente tiene un temor muy grande a denunciar y creemos que las cifras pueden sur mucho más alarmantes”, manifestó Sandra Espinal, coordinadora del Programa.

Problemática nacional

De acuerdo con los informes presentados durante el evento, se estima que en el país uno de cada cuatro combatientes, tanto de grupos guerrilleros como de los llamados “grupos emergentes”, es menor de edad: “Estamos hablando de que el 40% de los combatientes en el país son niños. Lo preocupante es que para estos grupos no hay distinción entre un niño y un adulto. Ambos son combatientes que tienen labores de guerra”, expresó Iván Ramírez.

Para el investigador, el porcentaje de niños y jóvenes vinculados a grupos armados ilegales podría ser mayor si se incluye la población juvenil que actualmente hace parte de bandas de delincuencia organizada en las principales ciudades capitales del país. “Esto es sumamente relevante, porque si recordamos el caso de Medellín, estas bandas fueron cooptadas por el paramilitarismo y esa amenaza persiste, ahora en cabeza de los grupos emergentes”, agregó Ramírez.

Eduardo Gallardo, coordinador del Área de Acción Humanitaria y Protección de Unicef, recordó que según un estudio de esta agencia de Naciones Unidas, realizado en el 2002, estimó que por lo menos 11 mil niños hacían parte de los grupos armados ilegales en Colombia, siendo las Farc, las Auc y el Eln respectivamente, los grupos que registraban un mayor número de infantes en sus filas.

“Revisando las estadísticas observamos que Colombia es uno de los países con una alta incidencia de niños en la guerra y vemos que es un problema bastante grave que merece toda la atención y el apoyo no sólo de los gobiernos nacional, regional y local, sino de toda la comunidad internacional”, señaló Gallardo.

El delegado de Unicef enfatizó que este flagelo es violatorio de los Protocolos Facultativos de los Derechos del Niño y unió su voz al resto de participantes del Foro, quienes reiteraron su rechazo hacia la práctica de reclutamiento de población infantil y adolescente por parte de grupos armados ilegales.

“Debemos ser conscientes de que en estos momentos hay niños en la selva cuidando un secuestrado, fabricando una mina antipersona, cargando un fusil, cuando deberían estar dedicados a estudiar, a jugar, a estar con sus familias”, recalcó Gallardo.  

Mayor compromiso

Aunque el evento registró una positiva asistencia, principalmente de instituciones sociales que trabajan con la infancia y la juventud en el departamento, las organizaciones convocantes no ocultaron su preocupación por la ausencia de las autoridades locales en el evento, cuyo principal objetivo era, precisamente, insistir en la necesidad de insertar en los planes municipales de desarrollo que actualmente se construyen en la subregión, programas tendientes a prevenir este flagelo.

Tal sinsabor quedó plasmado en un Manifiesto elaborado al final del encuentro, en el que se exigió a las administraciones de los 23 municipios del Oriente antioqueño asumir compromisos efectivos frente al tema de reclutamiento forzado de menores de edad.

Sandra Espinal, coordinadora del programa Sembradores de Paz, unas de las organizaciones responsables del Foro, expresó con inquietud cómo la problemática de reclutamiento forzado de niños y jóvenes continúa siendo  invisibilizada por las administraciones del Oriente, principalmente en los municipios más afectados como Nariño, Argelia, Sonsón y San Francisco, por lo que insistió en la necesidad de poner el tema en la agenda pública de la subregión para que sea del dominio de las comunidades y prioridad de las administraciones municipales.

“Hay que buscar que las instituciones públicas hablen del tema. Nosotros vamos a seguir con el monitoreo de la problemática y vamos a hacer veeduría a los planes de desarrollo para que se incluya un enfoque importante en el tema de no vinculación de menores de edad”, agregó Espinal.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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